Investigan la conexión entre un preso alojado en Vera y una presunta red de microtráfico en Avellaneda.
La hipótesis surge de declaraciones incorporadas a una causa por presunta filtración de información policial. Una testigo aseguró que un interno detenido en Vera sería proveedor de estupefacientes para vendedores barriales, aunque la fiscalía aún debe corroborar esas afirmaciones con nuevas pruebas.
VERAINICIOPOLICIALES
6/9/20262 min read
Una causa judicial que busca esclarecer la presunta filtración de información sobre procedimientos policiales en Avellaneda sumó en las últimas horas un dato que llamó la atención de los investigadores: el posible vínculo entre un interno alojado en un establecimiento penitenciario de Vera y una red de comercialización de estupefacientes que operaría en distintos barrios de la ciudad del departamento General Obligado.
La referencia surge de una declaración testimonial incorporada al expediente que llevan adelante los fiscales Rubén Martínez Galleano, Aldo Gerosa Carbone y Leandro Vigo. Durante esa presentación, una testigo aportó detalles sobre el supuesto funcionamiento de un esquema de microtráfico y señaló que parte de la droga comercializada en Avellaneda tendría como origen un detenido que cumple condena en Vera.
Según consta en la investigación, la mujer mencionó a varias personas que estarían vinculadas a la venta minorista de estupefacientes y describió una presunta estructura de distribución en la que algunos integrantes se ocuparían del fraccionamiento de la droga y otros de la comercialización en distintos puntos de la ciudad. En ese contexto, afirmó que una de las personas investigadas mantenía contacto frecuente con un preso alojado en Vera, a quien identificó como supuesto proveedor de los estupefacientes.
La declaración sostiene que el interno tendría capacidad para mantener comunicaciones con personas del exterior y coordinar movimientos relacionados con la distribución de droga. La testigo aseguró además que las vinculaciones entre quienes comercializaban los estupefacientes y el detenido se realizaban mediante contactos telefónicos, aunque esas afirmaciones todavía deben ser verificadas mediante pruebas objetivas.
Otro de los aspectos incorporados al expediente hace referencia a la posible utilización de teléfonos celulares dentro de lugares de detención. La mujer manifestó haber recibido información sobre audios y comunicaciones que habrían sido emitidos desde la cárcel, un punto que también forma parte de las líneas investigativas abiertas por la fiscalía.
Los testimonios fueron incorporados en el marco de la causa que analiza una presunta filtración de datos vinculados con allanamientos realizados a fines de mayo en Avellaneda. Los investigadores intentan determinar si existió una red de protección o alertas previas que permitiera a personas investigadas anticiparse a los procedimientos judiciales y policiales.
Fuentes vinculadas al expediente remarcaron que las manifestaciones conocidas hasta el momento constituyen declaraciones testimoniales y no representan pruebas concluyentes. Por esa razón, la fiscalía deberá avanzar con nuevas medidas para corroborar o descartar cada una de las afirmaciones realizadas por la testigo. Entre las acciones posibles aparecen el análisis de comunicaciones, el entrecruzamiento de información y la toma de nuevos testimonios.
La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas imputaciones o medidas judiciales a medida que se incorporen elementos probatorios. Mientras tanto, el caso pone nuevamente bajo la lupa la posible influencia que algunos internos podrían ejercer sobre actividades delictivas fuera de los establecimientos penitenciarios, una problemática que en distintas oportunidades ha sido señalada por fiscales y fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe.