Diputados aprobó la baja de imputabilidad a 14 años: qué implica para Vera y la región

La iniciativa fue acompañada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra.

Qué cambia con la nueva ley

El proyecto reemplaza la Ley 22.278, vigente desde 1980, y establece:

Edad de imputabilidad desde los 14 años.

Pena máxima de 15 años (se descarta la prisión perpetua para menores).

Medidas alternativas para delitos con penas de hasta 3 años.

Prioridad de sanciones socioeducativas en delitos de 3 a 10 años sin resultado de muerte o lesiones graves.

Prohibición de alojar adolescentes junto a adultos.

Posibilidad de sustituir el encierro tras cumplir dos tercios de la condena.

Además, incorpora mediación penal y suspensión del juicio a prueba en determinados casos, y prevé una partida presupuestaria superior a 23.700 millones de pesos para su implementación. Si el Senado la convierte en ley, entrará en vigencia 180 días después de su publicación.

El contexto que impulsó el debate

El tratamiento se aceleró tras el crimen de Jeremías Monzón en la provincia de Santa Fe, un caso que volvió a instalar la discusión sobre la edad penal en todo el territorio santafesino, incluida la región norte.

En ciudades como Vera, donde la seguridad es una preocupación constante, el tema genera posiciones diversas. Sin embargo, las estadísticas muestran que el peso del delito juvenil dentro del total de causas penales es bajo en comparación con el fuero de adultos.

Qué dicen los datos

A nivel nacional, los registros judiciales indican que la mayoría de las causas contra menores corresponden a delitos contra la propiedad, mientras que los homicidios representan un porcentaje muy reducido. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la participación juvenil ronda apenas el 2% del total de investigaciones penales.

A nivel regional, países como Ecuador, Honduras o Brasil —con edades de imputabilidad más bajas— presentan tasas de homicidio elevadas, lo que sugiere que reducir la edad penal no necesariamente implica una baja automática del delito.

El debate pendiente

Más allá de la media sanción, el eje que comienza a discutirse en localidades como Vera es qué políticas de prevención, contención y reinserción acompañarán la eventual aplicación de la ley.

La experiencia comparada indica que el impacto en la seguridad no depende solo de la edad a partir de la cual se puede sancionar, sino de las herramientas que el Estado despliegue antes y después del delito.

Ahora, la decisión final quedará en manos del Senado.