Anulan la prision preventiva del fiscal Benegas por arbitrariedad.

La resolución que dejó en libertad al fiscal Leandro Benegas, imputado por abuso sexual con acceso carnal, no solo revirtió una prisión preventiva: expuso con crudeza las fallas internas del propio sistema judicial.

De acuerdo al acta de la audiencia de apelación realizada en Vera, la Cámara declaró la invalidez del tratamiento de la medida cautelar al considerar que la jueza de primera instancia avanzó sobre una cuestión —la prisión preventiva— que no formaba parte del objeto inicial de la audiencia. Ese punto fue central: para los camaristas, se alteraron las reglas del proceso y se afectó el derecho de defensa.

Sin embargo, el dato más sensible es otro. La liberación de Benegas no responde a una falta de gravedad en los hechos que se investigan, sino a errores procedimentales. Es decir, el sistema judicial no pudo sostener una medida clave en una causa de abuso sexual por fallas propias.

Durante la audiencia, la defensa insistió en que no tuvo acceso al legajo con anterioridad y que no contó con el tiempo necesario para preparar su estrategia. También cuestionó que la magistrada haya introducido de manera sorpresiva el debate sobre la prisión preventiva, obligando a las partes a discutir sin condiciones adecuadas. La Cámara tomó esos argumentos y fue más allá: habló de una actuación “arbitraria” y de una pérdida de imparcialidad.

Del otro lado, la Fiscalía y la querella sostuvieron que no hubo violaciones de garantías y defendieron la legalidad de la detención. Incluso remarcaron que se trataba de una causa grave y que la prisión preventiva estaba justificada. La víctima, por su parte, expresó temor ante la posibilidad de que el imputado quedara en libertad.

Pese a eso, el tribunal resolvió hacer lugar parcialmente al planteo de la defensa, anular lo actuado en relación a la cautelar y ordenar la libertad de Benegas con restricciones: fijación de domicilio, prohibición de contacto con la víctima, impedimento de salida del país y retención del pasaporte.

El fallo deja una sensación incómoda: mientras se discuten tecnicismos legales, el eje del caso —una acusación de abuso sexual— queda en segundo plano. La propia resolución admite que la investigación sigue vigente y que incluso podría volver a pedirse la prisión preventiva, pero bajo “condiciones correctas”.

En los hechos, eso significa que un acusado en una causa de extrema gravedad quedó libre por errores del proceso, no por una evaluación de fondo sobre los riesgos o la veracidad de la acusación.

La decisión reabre un debate recurrente: hasta qué punto las fallas del sistema terminan favoreciendo a los imputados y debilitando la confianza pública en la Justicia. Porque cuando las garantías procesales se convierten en el motivo para desarmar medidas en casos sensibles, el problema ya no es solo jurídico, sino institucional.